El vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, exigió este lunes en Socuéllamos (Ciudad Real) una solución inmediata para las concesiones de agua vinculadas al Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG). La prioridad, dijo, es prorrogar esas concesiones más allá de 2027 y compatibilizar la protección ambiental con la actividad agraria en los municipios de la cuenca.
Según detalló, 4.700 concesiones de riego quedan pendientes de renovación en 2027 por la finalización del PEAG. El Ejecutivo autonómico, afirmó, no permitirá que se deroguen y las defenderá ante el Gobierno central. “Se tienen que mantener y prolongar más allá de 2027”, señaló, al considerar que los objetivos del plan no se han cumplido en su totalidad y es necesario más tiempo para alcanzarlos.
Caballero enmarcó su demanda en un doble objetivo: preservar la biodiversidad de los humedales y mantener la viabilidad de las explotaciones de regadío de la zona. En especial, subrayó la necesidad de proteger las Tablas de Daimiel sin frenar la actividad socioeconómica que sostiene a agricultores y cooperativas del Alto Guadiana.
Prórroga de las concesiones
El vicepresidente defendió la continuidad de las autorizaciones de uso de agua que se otorgaron bajo el PEAG. A su juicio, la prórroga debe permitir completar los objetivos inicialmente previstos, que no han podido desarrollarse en los plazos fijados. El propósito es dar seguridad jurídica a las explotaciones y preservar la inversión realizada en mejoras de riego y manejo eficiente del agua.
Caballero insistió en que la extensión temporal de las concesiones no implica renunciar a criterios ambientales. Al contrario, apeló a un enfoque que combine el uso racional del recurso con la conservación de hábitats, en línea con la vocación agraria de la zona y la necesidad de mantener rendimientos en regadío.
Parón del plan entre 2011 y 2017
El dirigente autonómico recordó que el PEAG estuvo interrumpido entre 2011 y 2017 por decisiones del Gobierno de España y del Ejecutivo regional de entonces. Ese paréntesis, dijo, debe computarse a la hora de fijar el horizonte de las concesiones y asociarse a su desarrollo futuro, incluso más allá de esos años no ejecutados.
Esa interrupción, añadió, explica parte del retraso en la consecución de los objetivos, lo que refuerza la necesidad de ampliar plazos y de ajustar el calendario de medidas para que los agricultores puedan planificar campañas y modernizaciones de riego con estabilidad.
Equilibrio entre biodiversidad y regadío
Caballero reivindicó un modelo que “conjugue” la protección de humedales y la continuidad del regadío. Mencionó expresamente las Tablas de Daimiel como un tesoro a preservar, al tiempo que defendió la riqueza y el empleo que genera la agricultura en la zona del Alto Guadiana.
El planteamiento del Gobierno regional pasa por medidas que aseguren la biodiversidad y el buen estado de los ecosistemas, sin desplazar la actividad agraria ni su cadena de valor. La premisa es que el uso del agua en regadío, sujeto a concesión y condicionado por la disponibilidad, conviva con la recuperación ambiental.
Llamada a una mesa inmediata
Para articular ese equilibrio, el vicepresidente instó al Gobierno de España y al ministerio competente a abrir de inmediato una mesa de trabajo. El objetivo es contrastar las propuestas del Ministerio y de Castilla-La Mancha y cerrar una salida operativa antes de 2027 que dé certidumbre a las concesiones y al cumplimiento de los objetivos ambientales.
Caballero remarcó que la solución debe ser práctica y verificable, con plazos claros, y que ha de ofrecer garantías a las explotaciones de regadío y a la conservación de los humedales. En sus palabras, se trata de encontrar un acuerdo que “compatibilice el mantenimiento de la biodiversidad con el desarrollo socioeconómico agrario del Alto Guadiana”.