El Gobierno de Castilla-La Mancha defendió un modelo de minería con garantías ambientales y anclaje social durante la inauguración del II Seminario «Canteras, Bio-Geodiversidad y Desarrollo Rural», organizado por Holcim y celebrado en la Universidad de Castilla-La Mancha. La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, subrayó que el objetivo es compatibilizar la actividad extractiva con la protección de la biodiversidad y el bienestar de las comunidades locales.
La Junta enmarca esta apuesta en una estrategia doble: recuperar los paisajes degradados por la minería del pasado e impulsar nuevos proyectos que superen una tramitación ambiental rigurosa y aporten empleo y valor añadido en el medio rural. El mensaje llega en un momento de reactivación del sector por su papel en la transición energética y la demanda de minerales estratégicos.
Minería con estándares ambientales
Gómez defendió que la actividad extractiva en la región debe ajustarse a «requisitos ambientales estrictos» y a una forma de trabajar «de la mano de la sociedad». La consejera contrapuso el presente con épocas en las que se operó «de espaldas» a la ciudadanía, con graves daños en algunas zonas. A su juicio, la normativa vigente, la mayor exigencia social y las nuevas prácticas del propio sector han cambiado ese paradigma.
El Gobierno regional vincula la licencia social para operar a la responsabilidad corporativa real de las empresas mineras, incluido el diálogo con el territorio y la restauración de las explotaciones. Este enfoque, sostuvo, debe traducirse en proyectos más seguros, transparentes y con retornos claros para el entorno.
Restauración de pasivos mineros
La Junta recordó su participación en iniciativas para revertir los impactos históricos de la minería, con una inversión acumulada cercana a los 10 millones de euros financiada a través de distintos fondos europeos. Entre las actuaciones citadas figura la restauración de la antigua mina de caolín de Santa Engracia, en Peñalén (Guadalajara), dentro del Parque Natural del Alto Tajo, concluida en el marco del proyecto Life Ribermine.
También está en marcha la recuperación ecológica de la mina de San Quintín, en Villamayor de Calatrava (Ciudad Real), con finalización prevista a lo largo de 2026. La consejera destacó el efecto tractor de estas obras sobre la comarca, por el empleo asociado y la mejora paisajística y ambiental.
Proyecto estratégico en Abenójar
En paralelo a la restauración, el Ejecutivo autonómico respalda nuevos desarrollos que acrediten sostenibilidad. Es el caso de la mina de wolframio «El Moto», en Abenójar, declarada proyecto estratégico en 2025 por la Comisión Europea tras una tramitación ambiental estricta. Según la Consejería, la iniciativa acredita que «la minería se puede llevar a cabo de manera sostenible y responsable».
La explotación prevé generar en torno a 500 empleos y contribuir a fijar población en el Valle de Alcudia, una de las áreas más despobladas de la región. El Gobierno plantea, además, que el proyecto no se limite a la fase extractiva: aspira a atraer empresas auxiliares y de transformación para desarrollar la cadena de valor del mineral y consolidar un tejido empresarial diversificado y estable en el entorno.
Impacto económico del sector
Castilla-La Mancha vincula el desarrollo minero a su hoja de ruta de transición energética, tanto por la provisión de materias primas críticas como por el impacto en el empleo. El sector da trabajo a unas 3.500 personas en la región, según datos aportados por la Consejería de Desarrollo Sostenible.
El mapa regional está dominado por las canteras de áridos, con más de 200 explotaciones registradas. A esta actividad se suman los yacimientos de agua mineral natural, con 13 empresas que los explotan, y 10 balnearios de aguas mineromedicinales, que forman parte del ámbito extractivo vinculado al aprovechamiento del recurso hídrico. Para el Ejecutivo, esta base industrial y de servicios ofrece una plataforma para crecer con estándares ambientales reforzados.
Encuentro en la UCLM
El seminario celebrado en la Universidad de Castilla-La Mancha reunió a administración, empresas y entidades locales en torno a la relación entre canteras, biodiversidad y desarrollo rural. La consejera estuvo acompañada por el director general de Transición Energética, Alipio García; el consejero delegado de Holcim España, Ricardo de Pablos; y el alcalde de Pozuelo de Calatrava y presidente de la Asociación Campo de Calatrava, David Triguero.
La cita sirvió para trasladar que la recuperación de entornos degradados y la apertura de nuevos proyectos solo son compatibles si se acreditan garantías ambientales y retornos sociales nítidos. El Ejecutivo regional insistió en que ese es el estándar que aplicará para «proteger la biodiversidad y también a las personas».