La Mesa contra la Trata con Fines de Explotación Sexual se reunió este miércoles en Toledo, presidida por la consejera de Igualdad, Sara Simón, para tomar en consideración un informe preliminar sobre la situación en Castilla-La Mancha y activar la elaboración de una estrategia regional. El documento constata una “profunda brecha de datos” que dificulta medir el alcance real del fenómeno en la comunidad, y perfila a la región como territorio de paso y también de destino para redes de explotación.
Interior registró 10 víctimas en 2023, mientras que entidades sociales sitúan la horquilla de 2024 entre 400 y 1.963. Con ese punto de partida, el Ejecutivo autonómico planea un plan con cuatro ejes —prevención, protección, persecución y partenariado— y pide mayor coordinación institucional y del Tercer Sector.
Brecha de datos y cifras dispares
El informe, compartido en la Mesa y elaborado por la Consejería de Igualdad, alerta de una fuerte disparidad en las fuentes. Según la consejera, las cifras del Ministerio del Interior responden a “instantáneas policiales” derivadas de denuncias e investigaciones, mientras que las ONG recogen datos ligados a la atención directa a mujeres fuera de esas operaciones. “La brecha de datos hace casi imposible determinar el número real de víctimas”, resumió Simón, que abogó por coordinar y compartir información entre administraciones y entidades.
En concreto, el Ministerio contabiliza 10 víctimas en 2023. En paralelo, organizaciones como Médicos del Mundo o In Género elevan el balance de 2024 hasta 400 y 1.963, respectivamente. La Junta evita fijar una cifra cerrada y sitúa el foco en la necesidad de unificar metodologías y reforzar la detección.
Corredor y destino en el mapa de la trata
El análisis sitúa a Castilla-La Mancha, como otras regiones del centro peninsular, en una doble condición: corredor de tránsito hacia otras zonas y destino final de explotación. Los “puntos calientes” se concentran en los ejes Toledo–Ciudad Real y en las conexiones hacia el Levante, asociados a la presencia de clubes de alterne junto a carreteras.
El documento describe movimientos de mujeres sometidas a trata que atraviesan la comunidad y otras que quedan fijadas en explotaciones dentro del territorio. Este patrón condiciona la respuesta pública, que requiere tanto actuaciones de paso como recursos de atención estable.
Captación digital y pisos privados
La Junta advierte de un cambio de escenario que complica la intervención. La captación a través de redes sociales, la ciberprostitución y el desplazamiento de la actividad a pisos privados, frente al modelo de clubes, vuelven el fenómeno más invisible y alejado de las inspecciones presenciales. La Administración autonómica subraya, además, la falta de herramientas jurídicas suficientes para clausurar prostíbulos; la consejera aludió a los “puticlubs” para describir esa dificultad normativa.
Este contexto obliga a reforzar los dispositivos de detección online y la cooperación con cuerpos policiales y juzgados, al tiempo que se revisan los protocolos de inspección para llegar a espacios residenciales.
Perfil de las víctimas atendidas
El informe dibuja un perfil predominante: mujeres jóvenes de entre 23 y 32 años, en su mayoría procedentes de América Latina. La dependencia ya no está marcada solo por deudas con tratantes, sino por la situación administrativa irregular en España, las cargas familiares en los países de origen y la existencia de hijos menores fruto de la propia explotación.
Este encuadre social condiciona las salidas posibles y el tipo de apoyos necesarios: regularización, alojamiento, atención psicológica, inserción laboral y medidas de protección para la infancia a cargo.
Estrategia regional: las cuatro P
Tras el diagnóstico, el Gobierno regional arranca la redacción de una estrategia con cuatro vectores. Prevención: sensibilización en centros educativos y en el ámbito de la comunicación, para desactivar la demanda y detectar indicadores. Protección: acompañamiento integral a las víctimas y recursos para recomenzar, con especial atención a vivienda y empleo. Persecución: refuerzo de la acción contra tratantes e intermediarios, con coordinación policial y judicial. Partenariado: cooperación estable con ayuntamientos y Tercer Sector para compartir información y actuar de forma sincronizada.
“Vamos a sensibilizar, proteger y perseguir”, sintetizó la consejera, que insistió en diseñar circuitos claros de derivación y atención para no perder casos en la maraña administrativa.
Reclamo de cambios legales
La Junta apeló a “todas las partes” a cerrar filas contra una realidad que definió como “esclavitud” y “violencia machista”. El Ejecutivo autonómico reclama al Estado herramientas legales suficientes y situar la abolición de la prostitución en la agenda, como vía para reducir la impunidad de los entornos de explotación.
Mientras se concreta el marco estatal, el Gobierno regional se marca como tarea inmediata ordenar la información disponible, mejorar los canales con las entidades que atienden a mujeres y orientar los recursos a las nuevas formas de captación y explotación. El objetivo, señalan, es avanzar en detección temprana, garantizar alternativas reales y elevar el coste para las redes criminales que operan en la comunidad.