Los Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha en la provincia de Ciudad Real cerraron 2025 con más de 26.400 actuaciones, un volumen que refleja la dimensión operativa de un cuerpo integrado por 85 agentes desplegados en nueve demarcaciones. La actividad ha estado marcada por la prevención y gestión de incendios, la vigilancia de espacios protegidos y fauna, el control cinegético y la atención directa en el medio rural.
El dispositivo de incendios INFOCAM atendió más de 300 avisos, con un alto porcentaje de conatos, y el cuerpo se desplazó también a grandes siniestros en Toledo y Extremadura. En todos los fuegos de mayor entidad se activó la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF), encargada de la determinación de causas. Además, como agentes de la autoridad y policía judicial genérica, los funcionarios realizaron cerca de 600 actuaciones entre denuncias administrativas, informes técnicos y diligencias a los servicios jurídicos. En una provincia prácticamente cubierta por Planes de Ordenación Cinegética (POC), se practicaron alrededor de 1.000 controles e inspecciones de caza.
Incendios: prevención e investigación
El cuerpo ha tenido una participación sostenida en el dispositivo regional INFOCAM durante el pasado año, con presencia en más de 300 avisos en la provincia. La mayor parte se resolvió en fase de conato, lo que evidencia el peso del trabajo preventivo y la rapidez de respuesta sobre el terreno.
En los grandes incendios, ya fueran en Ciudad Real o en provincias vecinas, se activó la BIIF para investigar el origen y las posibles responsabilidades. Esa labor técnica se traduce en informes periciales clave para la gestión del riesgo y para los procedimientos sancionadores o penales cuando procede.
Control cinegético y policía ambiental
La extensión de los POC en el territorio provincial exige vigilancia continuada. En 2025 se registraron en torno a 1.000 actuaciones relacionadas con la normativa cinegética: inspecciones, revisiones, controles documentales y vigilancia de la actividad en cotos y fincas. Este paquete de trabajos permite verificar el cumplimiento de cupos, periodos hábiles y condiciones de aprovechamiento.
En paralelo, y en su condición de autoridad medioambiental, se practicaron cerca de 600 actuaciones de policía administrativa y judicial genérica. Incluyen denuncias a la normativa sectorial, elaboración de informes técnicos y remisión de diligencias a los servicios jurídicos competentes.
Atención al medio rural y trámites
Desde sus demarcaciones, los agentes ofrecen atención directa y presencial en la mayor parte del territorio. Más del 80% de los municipios recibieron cobertura sin necesidad de que la ciudadanía se desplazara a las Oficinas Comarcales Agrarias (OCA). Esa proximidad facilita el asesoramiento y el control de actividades sujetas a autorización.
La carga administrativa también fue notable: se gestionaron más de 3.000 expedientes entre informes, actas y otros requerimientos técnicos. Asimismo, los agentes participaron activamente en la tramitación de ayudas y subvenciones, integrándose en los flujos administrativos de distintas líneas de apoyo al sector y al territorio.
Espacios protegidos y fauna salvaje
La provincia cuenta con una extensa red de Espacios Naturales Protegidos —incluidos dos Parques Nacionales—, Monumentos Naturales, Paisajes Protegidos y vías pecuarias. En este marco, durante 2025 se realizaron más de 1.800 actuaciones de vigilancia, control y protección del medio natural, desde seguimientos de hábitats a control de usos y accesos.
Destaca el capítulo de rescate y recuperación de fauna protegida, coordinado con el Centro de Fauna Salvaje de El Chaparrillo. Se efectuaron cerca de 2.500 intervenciones, con especial atención a especies de alto valor de conservación como el aguilucho cenizo, cuya protección se refuerza en época reproductora y en trabajos de campo asociados a campañas agrícolas.
Vigilancia ambiental y unidades especializadas
La vigilancia ambiental se extendió a residuos, vertidos y control de calidad ambiental, con cerca de 400 actuaciones registradas. Además, los agentes colaboraron con los servicios de evaluación ambiental en la emisión de informes de consultas, con alrededor de 140 intervenciones vinculadas a proyectos sometidos a tramitación.
Las unidades especializadas aportaron respuestas quirúrgicas. La Unidad de Intervención en Zonas de Difícil Acceso (UNIDA) realizó casi 15 actuaciones para la recuperación de especies amenazadas, así como para el marcaje y seguimiento científico. La Unidad de Investigación del Uso Ilegal de Venenos (UNIVE) intervino con su cánido operativo, Sombra, en tareas de detección que refuerzan la persecución de cebos envenenados y otras prácticas prohibidas.
La radiografía de 2025 muestra un servicio público con alta dedicación operativa: prevención y gestión de incendios, tutela de la biodiversidad, control cinegético y apoyo administrativo al medio rural. Un trabajo de campo que, por volumen y alcance, apunta a un papel estructural en la protección ambiental y en la gestión sostenible del territorio provincial.