El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha ha reclamado al Ayuntamiento de Ciudad Real la devolución de casi 600.000 € del Plan Corresponsables de 2022 y 2023, más intereses, por una cuestión de autorización en la contratación de los servicios. La Concejalía de Igualdad considera la decisión desproporcionada y la vincula a un cambio de criterio administrativo. El equipo de Gobierno municipal anuncia una moción al Pleno para frenar el reintegro y exigir reglas claras.
El consistorio sostiene que la exigencia llega pese a que la justificación del ejercicio 2022 fue «validada mediante un acto administrativo» por la Junta en su día. Ahora, añade, se revisa el expediente y se pide reintegrar el dinero destinado a servicios de conciliación ya prestados a familias de la capital. «No hablamos de papeles, sino de niños bien atendidos y padres que pudieron conciliar», resumió la concejal de Igualdad, María José Escobedo.
La medida afectaría a 990 familias y al trabajo acreditado de 97 profesionales que participaron en la ejecución del plan, además del personal municipal implicado. El Ayuntamiento advierte de que la reclamación introduce incertidumbre sobre la continuidad del programa y sobre el modelo de financiación.
Cuánto dinero y de qué años
Las cantidades exigidas son 371.848,60 € (2022) y 270.772,72 € (2023). Según el relato municipal, el Instituto de la Mujer imputa el reintegro a una incidencia formal relacionada con la autorización de la contratación de los servicios vinculados al plan.
El Ayuntamiento pedirá por escrito a la Junta que aclare si ese mismo requisito administrativo fue exigido y cumplido por otros municipios beneficiarios y si se aplicó a ejercicios anteriores en la capital. El equipo de Gobierno ve «incoherente» que se dé por buena una anualidad y después se reclame su devolución al variar la interpretación de los expedientes.
Además de los importes, la resolución incluye intereses, lo que a juicio del área de Igualdad «agrava el castigo a una acción que ya cumplió su fin social». Escobedo habló de una decisión «sectaria» y de «deslealtad institucional»; el Ayuntamiento, no obstante, enmarca su respuesta en la vía administrativa y política.
El argumento del Ayuntamiento
La Concejalía de Igualdad subraya que los servicios existieron y se prestaron con «plena trazabilidad»: actividades de conciliación para organizar la vida laboral y personal de las familias. «No fueron programas fantasma», recalcan. Para el consistorio, el núcleo del problema es un requisito formal que no invalida el resultado del plan ni su utilidad social.
El Gobierno municipal denuncia un «cambio de criterio» respecto a 2022. Atribuye la revisión a un giro en la relación institucional con el Ayuntamiento y lo sitúa en un momento en que la corporación local y la Junta no comparten el mismo signo político. Con todo, la estrategia municipal se centrará en pedir que se aplique el principio de proporcionalidad en cualquier expediente de reintegro.
«Recuperar un dinero ya invertido en familias, y además con intereses, transmite la idea de querer beneficiarse a costa de sus necesidades», expresó Escobedo en una de sus intervenciones públicas. El Ayuntamiento insiste en que defenderá «hasta las últimas consecuencias» el trabajo del personal técnico.
Moción al Pleno y hoja de ruta
El equipo de Gobierno llevará al Pleno una moción para exigir proporcionalidad y rechazar los expedientes de reintegro basados en «interpretaciones administrativas». El texto también reclamará a la Junta un marco de financiación «suficiente, estable y previsible» para el Plan Corresponsables, a fin de evitar incertidumbres en la planificación de los servicios.
El Ayuntamiento enmarca esta petición en la evolución reciente de los fondos. Según Igualdad, la financiación autonómica del plan se habría reducido un 25% en 2025 y parte del ajuste se traslada «sin consenso» a los consistorios. Esta presión presupuestaria, indican, compromete la continuidad y el alcance del servicio en las ciudades.
Para amortiguar el escenario, el consistorio ha puesto en marcha el programa «Ciudad Real Concilia», financiado íntegramente con fondos municipales. Hasta la fecha, según datos del área, se han beneficiado 600 familias. La iniciativa local pretende garantizar una red mínima de apoyo a la conciliación mientras se clarifica la situación del plan autonómico.
Qué está en juego
El Plan Corresponsables, concebido para facilitar la conciliación mediante servicios de cuidado, es la principal herramienta de apoyo a las familias en esta materia, según el Ayuntamiento de Ciudad Real. La devolución ahora reclamada impactaría en la ejecución de los dos últimos ejercicios y marcaría el margen de maniobra para los siguientes.
El consistorio reivindica que los servicios se prestaron y que su huella es medible en familias, profesionales y horas de atención. En paralelo, exige a la Junta seguridad jurídica y estabilidad presupuestaria para planificar contratos y plazas con antelación. La respuesta de la Administración regional, una vez estudiadas las alegaciones municipales, será determinante para el futuro inmediato del programa en la capital.
Mientras tanto, el Gobierno local blindará, en la medida de sus posibilidades, la cobertura municipal de conciliación. La prioridad, afirma, es preservar el servicio y evitar que un conflicto interpretativo acabe repercutiendo en los hogares que lo necesitan.