El Ayuntamiento de Ciudad Real ha presentado una demanda ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo para anular la resolución de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que exige el reintegro de 371.000 € del Plan Corresponsables de 2022. En paralelo, mantiene un recurso de reposición por el expediente de 2023, al que la administración regional reclama 270.000 € y del que aún no hay respuesta.
La Concejalía de Educación e Igualdad sostiene que los servicios de conciliación financiados con cargo al Plan se prestaron en ambos ejercicios y que la reintegración obedece a discrepancias formales. «No nos vamos a amedrentar», afirmó la edil María José Escobedo, que denunció un «atropello administrativo y político» contra las familias de la capital.
Demanda ante lo contencioso
La acción judicial se centra en el ejercicio 2022. El Consistorio solicita dejar sin efecto la resolución que ordena devolver 371.000 € y defiende la legalidad del gasto. Sobre 2023, el equipo de gobierno ha optado por agotar la vía administrativa con un recurso de reposición ante la Junta a propósito del reintegro de 270.000 €, en tanto espera contestación.
En total, la Junta reclama a Ciudad Real más de 600.000 € por ambos años. El Ayuntamiento asegura que esas cantidades «ya han sido abonadas», pese a que el catálogo de actividades y programas de conciliación se ejecutó en su integridad. La portavoz municipal subraya que el objetivo del recurso es «defender los intereses de la ciudadanía».
Dos expedientes reabiertos
Según la cronología aportada por el área de Educación, en 2022 el Instituto de la Mujer concedió una subvención de 371.000 € para el Plan Corresponsables y «aprobó posteriormente la liquidación del ejercicio con todos los servicios prestados». En 2023, el Ayuntamiento recibió 270.000 € y desarrolló el programa «con absoluta normalidad».
El conflicto estalló en 2025, cuando el Instituto de la Mujer reabrió ambos expedientes y exigió el reintegro de las ayudas por «cuestiones administrativas» que el Consistorio rechaza. Escobedo sostiene que los reparos «no se corresponden con la realidad del procedimiento» y habla de «sensación de chantaje o de extorsión política-financiera».
Recorte del 48% y plan propio
En su comparecencia, Escobedo aseguró que la Junta ha reducido en un 48% la financiación del Plan Corresponsables desde 2022. Calificó el ajuste de «tijeretazo» y lo consideró «muy preocupante» por su impacto en la conciliación. La administración regional no ha ofrecido aún su versión en este expediente, según indicó la edil.
Para paliar esa merma, el Ayuntamiento puso en marcha en 2026 el Programa Concilia Ciudad Real, sufragado con fondos municipales, con el fin de «que ni una sola familia se quedara desamparada». La Concejalía reclama a la Junta una «financiación suficiente, estable y previsible» para mantener los servicios que permiten compatibilizar la vida laboral y familiar.
El equipo de gobierno local vincula el litigio a un cambio de criterio «a posteriori» en la fiscalización de los gastos del Plan. A la espera de las resoluciones, Ciudad Real mantiene su estrategia en dos frentes: vía judicial para 2022 y vía administrativa para 2023. «Seguiremos trabajando por las familias, con o sin la lealtad institucional de la administración autonómica», zanjó Escobedo.