El Ayuntamiento de Ciudad Real defendió este martes su intervención en la barriada de San Martín de Porres y exigió a las demás administraciones que asuman sus competencias. En una comparecencia junto a entidades sociales, la concejal de Servicios Sociales, Aurora Galisteo, afirmó que «el Ayuntamiento es la única administración que está actuando de manera real, constante y responsable sobre el terreno» y reclamó implicación de la Subdelegación del Gobierno en materia de seguridad y de la Junta de Comunidades en vivienda.
El mensaje llega en plena ejecución del plan municipal de intervención en el barrio, con actuaciones sociales diarias y próximos derribos de infraviviendas. Galisteo advirtió de que, sin la participación del Estado y de la Junta, “no habrá solución completa ni definitiva para San Martín de Porres”.
Reproches por financiación del plan
La edil acusó a la administración regional de incumplir los compromisos económicos del Plan Integral para San Martín de Porres, aprobado en 2023. Según detalló, el documento fijaba aportaciones de 50.000 euros en 2023, 333.000 en 2024 y 425.551 en 2025, cantidades que, aseguró, no han sido transferidas. “Ni un solo euro de esas cantidades ha llegado al barrio”, trasladó.
Galisteo señaló además que solicitó hace un año una reunión urgente con la consejera de Bienestar Social y que no ha obtenido respuesta. En el plano patrimonial, recordó que la Junta de Comunidades es propietaria de 53 viviendas en la barriada, de las cuales solo 27 están habitadas, y denunció que no se han ejecutado inversiones de conservación. “La Junta es propietaria de 53 viviendas en el barrio y no ha invertido desde que las construyó”, afirmó.
Frente a esa situación, sostuvo que el consistorio ha “ampliado su dotación económica” y mantiene la intervención prevista. Subrayó que la Cátedra de Inclusión Social de la UNED ha destacado el proyecto municipal como buena práctica, un reconocimiento que el Ayuntamiento interpreta como aval externo a su estrategia. La iniciativa fue señalada por la UNED como ejemplo en inclusión social, remarcó.
Actuación municipal y servicios en el barrio
La Concejalía de Servicios Sociales dispone de un equipo técnico dedicado en exclusiva a San Martín de Porres. El dispositivo trabaja con las familias en el plano individual y comunitario, con líneas de actuación en educación, relaciones familiares, absentismo escolar y cualificación profesional. El objetivo, según la responsable municipal, es abordar de forma integral las situaciones de exclusión social detectadas.
Junto a la intervención social, el Ayuntamiento anunció medidas sobre el espacio residencial. En los próximos días se iniciará el derribo de cinco infraviviendas, que se sumarán a las 28 ya demolidas desde 2019. La concejal defendió que estas actuaciones buscan mejorar la convivencia y la salubridad del entorno, y las enmarcó en el Plan Integral.
Durante la comparecencia, Galisteo estuvo acompañada por personal técnico del área y por representantes de la Asociación para la Promoción Integral de Minorías Étnicas y Colectivos Vulnerables (Apimey-CV), con la que el consistorio colabora en el barrio. “Los vecinos merecen respeto y soluciones reales, no propaganda”, dijo.
Seguridad y coordinación institucional
La responsable municipal respondió también a declaraciones recientes del subdelegado del Gobierno. Recalcó que la seguridad es, a su juicio, el principal problema del barrio y competencia de la administración estatal. “La seguridad corresponde a la Subdelegación y a la Policía Nacional”, insistió, solicitando “que no se mire para otro lado”.
Galisteo sostuvo que el Plan Integral para San Martín de Porres fue elaborado “por un gobierno socialista” en el Ayuntamiento, en colaboración con el resto de grupos, y reprochó a la Subdelegación un “desconocimiento de la realidad del barrio y del propio Plan”. Pese a los reproches, tendió la mano a todas las administraciones para reforzar la coordinación y acelerar soluciones.
El consistorio recalca que mantendrá su agenda de trabajo en el barrio con seguimiento semanal, mientras insiste en el cumplimiento de compromisos por parte de Junta y Estado. “Sin su implicación no habrá una solución completa”, concluyó la edil.
Claves del caso
- Plan Integral (2023): aportaciones previstas por la Junta de 50.000 € (2023), 333.000 € (2024) y 425.551 € (2025); el Ayuntamiento sostiene que no se han abonado.
- Parque público: 53 viviendas de titularidad autonómica en la barriada; 27 ocupadas, según el consistorio.
- Intervención urbana: 28 infraviviendas demolidas desde 2019; otras cinco, en trámite de derribo inminente.
- Reconocimiento: la Cátedra de Inclusión Social de la UNED destacó el proyecto municipal como buena práctica.
- Competencias: seguridad (Estado/Subdelegación); vivienda pública y aportaciones del Plan (Junta); intervención social y derribos (Ayuntamiento).