La tensión por la financiación del Plan Corresponsables escaló este lunes en Ciudad Real. La delegada de la Junta en la provincia, Blanca Fernández, acusó a la Diputación de Ciudad Real de convertir el programa en un pulso partidista después de que su presidente, Miguel Ángel Valverde, calificara de «inaceptable» que la institución provincial deba sufragar el 25% del coste para sostenerlo.
El choque llega tras las quejas de Valverde por un recorte del 35% en los fondos del plan y por la petición del Gobierno regional de implicar a las diputaciones. Fernández replicó que otras provincias sí han aceptado el reparto y que negarse en Ciudad Real responde a criterios políticos, no técnicos.
En el centro del debate, la continuidad de un programa que, según la Junta, ya alcanza a 22.000 menores y a 12.000 familias en Castilla-La Mancha y que ha generado 1.200 empleos, en su mayoría femeninos, especialmente en el medio rural.
Reparto del coste y recortes
El Gobierno regional plantea que las diputaciones asuman un 25% del Plan Corresponsables para los municipios de menos de 10.000 habitantes. La Junta sostiene que se trata de un esquema asumible y de continuidad, pese al ajuste presupuestario que, según Valverde, reduce en un 35% la financiación disponible.
Fernández asegura que, por la información de la que dispone, las diputaciones de Albacete, Cuenca y Guadalajara «no han puesto ningún problema» y participarán con ese 25% para dar cobertura a los pueblos más pequeños. En Ciudad Real, en cambio, el presidente provincial ha criticado tanto el recorte como la llamada a cofinanciar el programa.
La delegada defendió el papel de la Administración autonómica: «Las administraciones estamos para resolver los problemas». En su opinión, rehusar la aportación en Ciudad Real sería «una cuestión meramente partidista y política mal entendida».
Impacto del plan en la región
La Junta destaca el «enorme esfuerzo» de gestión que conlleva el Plan Corresponsables y lo califica de «plan de éxito» que los ayuntamientos aplican «mejor cada día». Los datos difundidos por el Ejecutivo regional cifran en 22.000 los menores atendidos y en 12.000 las familias beneficiarias en el conjunto de la comunidad autónoma.
El programa ha permitido, además, la creación de 1.200 puestos de trabajo vinculados a su despliegue, con un fuerte protagonismo del empleo femenino en ámbitos rurales. La administración regional considera que estos resultados avalan mantener la cobertura y ampliar la cooperación institucional para sostenerla.
El debate no es menor en la provincia de Ciudad Real, con una extensa red de municipios de menos de 10.000 habitantes que dependen de la cofinanciación provincial para garantizar el servicio en su territorio. El punto de fricción reside en si la diputación debe o no aportar el tramo requerido por la Junta en el nuevo marco financiero.
La posición de Ciudad Real
Valverde ha expresado que es «inaceptable» exigir a la Diputación de Ciudad Real ese 25% en el contexto de un recorte simultáneo del 35% en la financiación del plan. La institución provincial cuestiona que la Junta desplace parte del coste cuando, sostiene, disminuye el recurso global.
La respuesta de Fernández fue inmediata: recordó que otras diputaciones han aceptado la fórmula y emplazó a la de Ciudad Real a «resolver los problemas de la ciudadanía» y no a convertir el Plan Corresponsables en un motivo de confrontación política. El Ejecutivo regional subraya que la cooperación interadministrativa es imprescindible para sostener el servicio en los pequeños municipios.
La decisión final de la Diputación de Ciudad Real marcará si la provincia se alinea con el esquema de cofinanciación que, según la Junta, ya han aceptado otras provincias, o si mantiene su oposición y fuerza a reabrir el reparto del coste en la nueva etapa del plan.