El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha remitido una carta al subdelegado del Gobierno en la provincia para denunciar la falta de planificación y coordinación del Ejecutivo en el proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras previsto en el Real Decreto 316/2026. El regidor advierte de que la aplicación de la norma está tensionando al límite los servicios sociales municipales y exige una respuesta «inmediata» que incluya un marco operativo claro, recursos y coordinación institucional.
La queja llega tras los primeros días de tramitación. Según detalla el escrito, los Servicios Sociales de Atención Primaria han atendido más de 300 personas en cuatro días, asumiendo tareas que el Consistorio considera ajenas a sus competencias. El Ayuntamiento sostiene que no ha recibido información previa ni protocolos para ordenar un procedimiento que, en la práctica, recae sobre equipos locales sin respaldo suficiente.
El Gobierno central, al que el alcalde atribuye la iniciativa, es instado a redefinir el despliegue del decreto, reforzar la financiación y coordinarse con las entidades locales para evitar un colapso de la atención básica.
Sobrecarga en servicios sociales
El Consistorio califica de «sobrecarga inasumible» la presión sobre los profesionales de primera línea. En su carta, Cañizares afirma que los equipos municipales están trabajando «en un contexto de absoluta incertidumbre» y sin el soporte normativo que permita gestionar con garantías el flujo de solicitudes.
El Ayuntamiento alerta de que esta situación compromete la atención ordinaria a la ciudadanía. El aumento «extraordinario» de expedientes, añade, pone en riesgo la capacidad de respuesta de los servicios básicos mientras se atiende la demanda derivada de la regularización.
La corporación local recalca que carece de competencias en materia de extranjería y que la tramitación actual descarga tareas en su plantilla sin el amparo legal y operativo necesario.
Falta de planificación y coordinación
En el análisis municipal, la implementación del Real Decreto 316/2026 «carece de planificación» y se ha ejecutado «sin la más mínima coordinación» con las entidades locales. El Ayuntamiento sostiene que no hubo comunicación previa ni se facilitaron criterios o circuitos de trabajo para homogeneizar actuaciones.
Cañizares denuncia un traslado de responsabilidades a los ayuntamientos sin financiación ni recursos anexos, lo que, a su juicio, vulnera el principio de autonomía local. «Se está produciendo una transferencia encubierta de competencias», advierte el alcalde en su misiva.
El resultado, describe el Consistorio, es un procedimiento «incoherente e ineficaz» que perjudica a todas las partes: a las personas migrantes, expuestas a un itinerario confuso; a los empleados públicos, sometidos a una presión creciente; y al conjunto de la población, por el deterioro del servicio.
Criterios de vulnerabilidad y seguridad jurídica
Uno de los puntos críticos señalados por el Ayuntamiento es la exigencia de acreditar la «situación de vulnerabilidad» sin disponer de criterios objetivos ni un marco técnico común. Según la carta, esa laguna traslada a los profesionales municipales la emisión de informes para los que no existe soporte normativo suficiente.
El Consistorio rechaza que se les exija verificar extremos que «ni les corresponden ni pueden comprobar», como la situación administrativa de los solicitantes. Esa práctica, sostiene, abre la puerta a una «evidente inseguridad jurídica» y a decisiones dispares entre municipios.
La falta de pautas unificadas, añade, dificulta la trazabilidad de los expedientes y complica la protección efectiva de las personas que concurren al proceso de regularización.
Petición de recursos y protocolos claros
El alcalde reclama al Gobierno un «marco claro» que delimite funciones, un refuerzo de financiación y el despliegue de equipos y herramientas que permitan ordenar la tramitación. También solicita protocolos de coordinación interadministrativa para descargar a los servicios sociales municipales de tareas que exceden su ámbito.
Cañizares insiste en que la protección de las personas migrantes debe abordarse con «rigor, planificación y garantías jurídicas», sin derivar la ejecución a los ayuntamientos sin medios. En este contexto, apunta a que varias organizaciones sociales que trabajan con población migrante, pese a haber defendido una regularización, no están participando en el proceso actual.
El Ayuntamiento reitera su «plena disposición al diálogo institucional», pero avisa de que continuará defendiendo «los intereses de la ciudad» y la correcta prestación de los servicios públicos esenciales mientras no se articule una solución operativa.
Puntos clave del escrito
- Aplicación del Real Decreto 316/2026 sin planificación ni coordinación con las entidades locales.
- Atención de más de 300 personas en cuatro días en los Servicios Sociales de Atención Primaria.
- Falta de criterios objetivos para acreditar la «vulnerabilidad» y riesgo de inseguridad jurídica.
- Traslado de responsabilidades a los ayuntamientos sin financiación ni recursos asociados.
- Exigencia de una respuesta inmediata del Gobierno con protocolos claros, medios y coordinación.