El delegado provincial de Desarrollo Sostenible, Agustín Espinosa, reivindicó en Ciudad Real la colaboración permanente con el SEPRONA de la Guardia Civil para investigar los delitos ambientales en la provincia y, sobre todo, para reforzar las actuaciones preventivas.
Lo hizo en una acción formativa sobre delitos medioambientales organizada por el Servicio de Protección de la Naturaleza en la capital, donde subrayó el foco legal de las jornadas. A su juicio, el medio ambiente no es un asunto de nicho: «no es solo cosa de ecologistas o naturalistas».
El Gobierno regional sitúa la prioridad en dos frentes: la persecución de las infracciones y la anticipación. El objetivo, remarcó Espinosa, es que la parte medioambiental esté «protegida y perfectamente reglamentada» y que el conocimiento de la norma contribuya a evitar nuevas conductas ilícitas.
Coordinación con la Guardia Civil
La Consejería de Desarrollo Sostenible, afirmó, está «muy motivada» para atajar estos delitos y mantiene una estrecha coordinación con el SEPRONA y con la Guardia Civil en general. Esa cooperación, dijo, se ejerce de forma continua para identificar conductas delictivas y poner a disposición de la justicia a los responsables.
Espinosa enfatizó que el trabajo conjunto no se limita a reaccionar una vez cometido el daño. La ambición es consolidar medidas de carácter preventivo que reduzcan la incidencia de ilícitos en la provincia y mejoren la protección de los recursos naturales.
Según expuso, la colaboración sostenida entre administraciones y fuerzas de seguridad permite afinar los procedimientos, compartir criterios y actuar con mayor eficacia ante hechos que afectan a montes, cursos de agua, fauna o cualquier otro bien ambiental.
Prevención y marco legal
Las sesiones celebradas en la capital pusieron el acento en el armazón jurídico aplicable. Para Espinosa, la clave es que el componente ambiental cuente con normas claras y operativas, y que su cumplimiento sea verificable. Los delitos medioambientales afectan a la sociedad en general, recordó, de ahí la importancia de su tipificación y control.
El delegado insistió en que la formación debe trasladar certidumbre a quienes intervienen en la protección del entorno y facilitar la aplicación de las herramientas legales disponibles. Esa base, sostuvo, es esencial para prevenir, no solo para sancionar.
El enfoque preventivo se apoyó en divulgar criterios, protocolos y obligaciones, con el fin de que las conductas de riesgo se reduzcan y la respuesta ante posibles infracciones sea más rápida y proporcionada.
Sensibilización social
Más allá de agentes y operadores jurídicos, Espinosa defendió la necesidad de «dar a conocer a la sociedad» los aspectos legales y sociales vinculados al medio ambiente. La sensibilización pública, afirmó, es determinante para que disminuya la comisión de ilícitos.
«Cada vez que se comete un delito medioambiental no es solo contra la naturaleza; es contra la población en general», resumió. Las jornadas, añadió, sirven para poner el foco en la preservación del medio ambiente y en los instrumentos a disposición de las administraciones y de la ciudadanía para hacerlo posible.
El mensaje final fue nítido: fortalecer la cooperación institucional, asegurar un marco normativo eficaz y promover la cultura de la prevención son los pilares para proteger el patrimonio natural de la provincia.