El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) acelera su plan contra las agresiones en el ámbito sanitario. En la reunión del Observatorio Provincial de la Violencia de Ciudad Real, celebrada en Tomelloso y presidida por el director general de Recursos Humanos y Transformación, Íñigo Cortázar, se anunciaron nuevos pasos operativos y legales para reforzar la protección de los profesionales.
El paquete combina prevención, mejor registro, coordinación institucional y un refuerzo de la respuesta sancionadora. La creación de una Dirección de Seguridad, el blindaje jurídico de los profesionales como autoridad pública y la posibilidad de sumar sanciones administrativas a las penales centran la estrategia, planteada con política de «tolerancia cero» frente a cualquier forma de violencia.
Director de Seguridad y plazos
El SESCAM incorporará una figura específica de Dirección de Seguridad, pionera en el Sistema Nacional de Salud y alineada con los estándares del Ministerio del Interior y la Policía Nacional. La convocatoria está elaborada y se publicará antes de que termine febrero; la plaza quedará cubierta dentro del primer trimestre, avanzó Cortázar.
Este perfil asumirá el asesoramiento técnico en la materia: analizará riesgos, propondrá dónde debe haber presencia de vigilantes y sugerirá correcciones de infraestructuras y procedimientos. Será el responsable de armonizar las medidas físicas, organizativas y tecnológicas de protección en los distintos niveles asistenciales, con criterios homogéneos y evaluables.
Blindaje jurídico y doble vía sancionadora
El Observatorio abordó también el refuerzo normativo para consolidar a los profesionales sanitarios como autoridad pública, con el objetivo de fortalecer el valor probatorio de su testimonio en procedimientos administrativos. Esta reforma pretende dotar de mayor eficacia a la respuesta ante episodios de violencia, especialmente en fases tempranas del expediente.
Además, se impulsa la compatibilidad de la vía penal y la administrativa. Cuando exista condena penal, el SESCAM quiere poder repercutir adicionalmente por la vía administrativa, evitando que la sanción quede agotada en el proceso judicial. Esta línea complementa el procedimiento sancionador ya vigente en Castilla-La Mancha, que permite imponer sanciones económicas ante agresiones físicas o verbales incluso cuando los hechos constituyen delito y hay sentencia judicial.
Más registro y coordinación
El incremento de episodios notificados obedece, en parte, al refuerzo de las herramientas de registro. Según Cortázar, actualizar y robustecer el sistema de notificación es clave para anticiparse a los riesgos: «Más registro significa más protección, más análisis y más capacidad de anticipación».
El Observatorio Provincial actúa como espacio de coordinación entre Administración sanitaria, sindicatos, colegios profesionales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La pauta de trabajo pasa por prevenir, actuar con rapidez y acompañar a las víctimas, garantizando respaldo institucional y canal único de seguimiento de cada caso.
Incidentes en Ciudad Real
En la provincia de Ciudad Real se registraron el año pasado 125 episodios conflictivos. La mayoría se concentró en Atención Primaria, el nivel asistencial con mayor contacto continuado con los usuarios. La agresión verbal sigue siendo la forma más habitual.
Los incidentes se producen principalmente en la relación trabajador–usuario y se localizan, sobre todo, en consultas, urgencias y áreas de citación y admisión. Estos datos orientan la priorización de medidas: presencia selectiva de seguridad, rediseño de circuitos de atención y ajustes en la gestión de accesos y esperas.
Castilla-La Mancha, menor aumento nacional
En un contexto de aumento generalizado de agresiones en el conjunto del país, Castilla-La Mancha registra el incremento más bajo, según el SESCAM. La Administración regional lo atribuye a un trabajo preventivo sostenido y al despliegue de medidas organizativas, formativas y jurídicas.
No obstante, la prioridad institucional se mantiene: proteger a quienes atienden a la ciudadanía para garantizar calidad asistencial y entornos seguros. «No estamos satisfechos mientras exista una sola agresión», subrayó Cortázar, que reiteró el objetivo de «agresión cero» y la política de tolerancia cero ante cualquier conducta violenta.