La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciudad Real ha dado luz verde al proyecto de ordenanza que regulará la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad. El texto, aún en fase de tramitación, busca cumplir la normativa vigente con una aplicación ajustada a la escala local. El Consistorio ha remitido la documentación a los grupos municipales y ha abierto un periodo de 20 días para alegaciones desde el 8 de octubre, con la intención de llevar la ordenanza a aprobación en el pleno ordinario de este mes.
El portavoz del equipo de Gobierno, Guillermo Arroyo, enmarcó la iniciativa en un enfoque práctico y proporcionado. Según subrayó, Ciudad Real no afronta niveles de contaminación comparables a los de grandes capitales, pero el Ayuntamiento pretende «cumplir la ley y cuidar el aire que respiramos» sin provocar trastornos innecesarios en la actividad diaria.
En ese sentido, la propuesta limita su alcance a puntos concretos. “No va a haber restricciones generalizadas; no se van a cerrar calles ni se va a impedir circular por toda la ciudad”, afirmó Arroyo, que situó el foco en el entorno peatonal ya existente y en áreas donde se concentra el tráfico.
Ámbito y alcance
El proyecto plantea una ZBE adaptada a la fisonomía urbana de la capital provincial. La regulación se ceñirá a zonas muy delimitadas del centro—incluido el entorno peatonal ya implantado—y a tramos con mayor densidad de circulación. La movilidad ordinaria fuera de estos ámbitos no se verá afectada por la ordenanza, según el avance hecho público por el Ayuntamiento.
La filosofía del texto es gradual: prioriza la mejora de la calidad del aire y la seguridad vial en los puntos más sensibles, y evita un modelo de cierres extensivos o vetos generalizados a la circulación. El Gobierno local remarca que el diseño responde al tamaño, el tráfico y el ritmo de vida de Ciudad Real.
La concreción perimetral y los criterios de acceso se detallarán en el articulado de la ordenanza durante su tramitación, una vez incorporadas—si procede—las aportaciones que lleguen en el periodo de alegaciones abierto a los grupos políticos y a la ciudadanía a través de sus representantes.
Excepciones y moratorias
Uno de los puntos más sensibles, el de los vehículos más antiguos (sin distintivo ambiental), se aborda con un enfoque garantista para residentes y actividad económica. No será necesario cambiar de coche, recalcó el equipo de Gobierno. “Nadie está obligado a hacerlo”, dijo Arroyo.
De acuerdo con el proyecto, los vehículos sin etiqueta ambiental podrán seguir circulando cuando pertenezcan a vecinos que viven o trabajan en Ciudad Real. La ordenanza prevé moratorias y un régimen amplio de excepciones con el objetivo de que “ningún vecino se vea perjudicado”. Estos supuestos quedarán especificados en el texto definitivo.
El Ayuntamiento sostiene que esta flexibilidad es compatible con el objetivo de reducción de emisiones, al circunscribirse a zonas concretas y al introducirse de forma progresiva. La coexistencia con el actual entramado peatonal y las necesidades de carga y descarga se aborda desde esa óptica de proporcionalidad.
Tramitación y calendario
El proyecto fue remitido a los grupos municipales el 8 de octubre. A partir de esa fecha se habilitó un plazo de 20 días para presentar alegaciones. El equipo de Gobierno se declara abierto a valorar las aportaciones de la oposición y enmarca el proceso en un “ejercicio de transparencia y diálogo”.
La previsión municipal es elevar la ordenanza al pleno ordinario de octubre para su aprobación. Arroyo insistió en que no se trata de una disputa partidista, sino de una regulación de ciudad orientada a cumplir la legalidad vigente y a ordenar el tráfico en los puntos con mayor presión.
Si el calendario se mantiene, el Ayuntamiento podrá concretar tras el pleno los detalles finales de perímetros, excepciones y periodos transitorios. El despliegue práctico—señalización, controles y comunicación a los usuarios—se articulará conforme a lo que marque el texto que resulte aprobado.