La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real sentará en el banquillo los próximos 30 de septiembre y 1 de octubre a A.M.R.E., trabajador de la Orquesta Esmeralda, de Calzada de Calatrava, por un presunto montaje de robo que habría servido para cobrar 148.000 euros de dos aseguradoras. La causa llega a juicio con el escrito de la Fiscalía, que atribuye al acusado simulación de delito y falsedad documental en concurso con estafa.
El Ministerio Público solicita una pena de tres años y seis meses de prisión, multa, inhabilitación especial y la devolución íntegra de las indemnizaciones percibidas, con los intereses legales. El procesado mantiene la presunción de inocencia hasta que exista sentencia firme.
El relato del Ministerio Fiscal
Según el expediente fiscal, el caso se remonta a noviembre de 2020. A.M.R.E. presentó entonces una denuncia ante la Guardia Civil en la que aseguraba que el local de la orquesta había sufrido un robo y que los autores se habían llevado material de sonido e iluminación. La valoración del supuesto botín superaba los 130.000 euros.
Para apuntalar esa versión, el acusado habría entregado a las aseguradoras varias facturas que, en realidad, correspondían a documentación relativa a un siniestro ocurrido dos años antes, en 2018. Esos documentos, siempre según la Fiscalía, fueron alterados para que aparecieran como facturas definitivas y no como proformas, cambiando su naturaleza y contenido.
La acusación pública sostiene que la reconstrucción documental fue determinante para activar las coberturas y desencadenar los pagos. No consta en la causa, hasta el momento del juicio, la recuperación del material supuestamente sustraído.
Pagos de las aseguradoras
Con esa documentación, y de acuerdo con el escrito de acusación, A.M.R.E. logró el abono de dos indemnizaciones. Santa Lucía desembolsó 142.526 euros y AXA efectuó un segundo pago por 6.259 euros adicionales. Los dos importes, sumados, se aproximan a los 148.000 euros.
La Fiscalía reclama que esas cantidades sean reintegradas por el acusado si resulta condenado, junto con los intereses legales devengados desde la fecha de los pagos. La responsabilidad civil es uno de los ejes del procedimiento, junto a la eventual comisión de los delitos imputados.
El tribunal deberá valorar si los documentos aportados eran idóneos para inducir a error a las compañías y si la denuncia inicial respondió a un hecho inexistente. Las aseguradoras figuran en la causa como perjudicadas por la presunta estafa.
Lo que se juzga y posibles penas
El plenario se celebrará el martes y miércoles, 30 de septiembre y 1 de octubre, ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real. Está previsto que declaren el acusado y los testigos propuestos, además de peritos en materia documental si el tribunal lo estima oportuno.
La tipificación propuesta por la Fiscalía combina tres figuras: simulación de delito, por la denuncia de un robo que no habría existido; falsedad documental, por la supuesta manipulación de facturas; y estafa, por el cobro de indemnizaciones aprovechando ese engaño. La petición de pena asciende a tres años y seis meses de prisión, junto con multa e inhabilitación especial, además del reintegro de las cantidades percibidas.
La resolución judicial fijará los hechos acreditados y, en su caso, la cuantía de la responsabilidad civil. Hasta entonces, el acusado conserva todos los derechos que le reconoce la ley, incluida la presunción de inocencia.
