El Gobierno de Castilla-La Mancha y Cruz Roja han sellado un nuevo marco de colaboración para reforzar la respuesta ante urgencias y emergencias en la región. El convenio, dotado con 98.500 euros en 2026, eleva en un 64,2% la subvención respecto a 2021 y alinea recursos humanos, materiales y tecnológicos para acelerar la atención en incidentes con impacto social.
El acuerdo ha sido rubricado por el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, y el presidente de Cruz Roja en Castilla-La Mancha, Jesús Esteban, en presencia del director general de Protección Ciudadana, Emilio Puig, y del coordinador autonómico de Cruz Roja, Jesús Rodríguez.
La alianza fija compromisos operativos concretos: apoyo logístico, albergue provisional, despliegue de comunicaciones y asistencia sanitaria y psicosocial, con tiempos de respuesta acotados y protocolos comunes. Su aplicación está prevista en situaciones extraordinarias, como la activación de planes de protección civil de ámbito autonómico.
Qué prevé el convenio
La colaboración busca garantizar cobertura a la población en escenarios de evacuación por incendios forestales, inundaciones u otras emergencias que obliguen a movilizar recursos con rapidez. Se trata de complementar las capacidades públicas con medios de Cruz Roja para ganar coordinación y llegar antes donde sea necesario.
Además del refuerzo material, el acuerdo ordena la participación de personal propio de Cruz Roja en la gestión sobre el terreno, siempre bajo la dirección del plan de protección civil activado y en coordinación con el Servicio de Emergencias 1-1-2.
Apoyo logístico y albergue
Cruz Roja se compromete a la distribución de básicos de higiene y limpieza en incidentes que lo requieran. El suministro estará limitado a 300 unidades en un periodo máximo de tres días desde la solicitud formal, con el objetivo de atender necesidades inmediatas hasta el restablecimiento de servicios esenciales.
El convenio también contempla la instalación, organización y gestión de áreas de albergue temporal en espacios cerrados con condiciones de confort suficientes. Estas áreas permitirán atender hasta 300 personas durante un máximo de tres días, ampliables por causas justificadas y previo acuerdo de las partes.
Comunicaciones y coordinación
La Junta financiará el despliegue de capacidades tecnológicas de Cruz Roja para reforzar la gestión de la emergencia en el lugar de los hechos: centralita, telefonía móvil, red informática y radiocomunicaciones, además de personal especializado en coordinación.
El tiempo máximo de respuesta para poner en marcha estos medios no superará las ocho horas desde la solicitud formal, lo que busca cerrar brechas de coordinación y asegurar redundancia de comunicaciones en incidentes complejos.
Búsqueda de desaparecidos y apoyo sanitario
Otra línea financiable es la colaboración en la localización de personas desaparecidas o perdidas en medio terrestre, tras el requerimiento previo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la solicitud formal del 1-1-2.
En estos casos, el tiempo de respuesta no será superior a 12 horas. El convenio prevé, además, apoyo sanitario con vehículos, personal y material cuando así lo determine la dirección del plan de protección civil activado, cursado a través del Servicio de Emergencias.
Atención psicosocial en emergencias
Cruz Roja asumirá la asistencia psicosocial a víctimas, familiares y grupos operativos en incidentes con múltiples afectados, presencia de menores o un fallecido, así como en incendios urbanos o forestales con más de dos fallecidos o desaparecidos. La intervención se extiende a muertes por explosiones o terrorismo, secuestros, desapariciones, intentos de suicidio o suicidios consumados, y casos de violencia de género u otras violencias con menores como testigos.
El objetivo es mitigar el impacto emocional inmediato, facilitar la comunicación con familias y equipos intervinientes y estabilizar a los afectados en las primeras horas, cuando la desorientación y el estrés pueden ser mayores.
Formación y vigencia
El acuerdo incorpora la formación de todos los intervinientes en emergencias bajo la coordinación de la Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha, dependiente de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital.
Se desarrollarán protocolos operativos conjuntos para maximizar la respuesta, reducir riesgos para la vida y los bienes y estandarizar procedimientos. La vigencia del convenio se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026.
Actividad reciente con el 1-1-2
En 2025, Cruz Roja colaboró de forma activa con el Servicio de Emergencias 1-1-2. Destacó la activación del PRICAM (Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por inundaciones) por lluvias intensas y desbordamientos en marzo y la activación del PLATECAM (Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha) por el corte de suministro eléctrico que afectó a toda la región en abril, con asistencia a pasajeros de varias líneas de tren. También intervino en diversos incendios a lo largo del año.
En 2026, la organización desplegó su equipo especial de albergue en Talavera de la Reina, tras la activación del PRICAM el pasado febrero. La entidad ha mantenido entrenamiento continuo en 2025 con simulacros coordinados por la Dirección General de Protección Civil: activaciones del PLATECAM en Yebes, el aeropuerto de Albacete y Villanueva de la Jara; del PRICAM en Almansa y Alcaudete de la Jara; y del PEEP en Repsol Butano (Puertollano).
En el ámbito psicosocial, entre 2019 y 2025 Cruz Roja atendió cerca de 250 incidentes tras activación del 1-1-2. Los escenarios más habituales fueron suicidios y accidentes laborales o de tráfico, fallecimientos inesperados y especialmente traumáticos para las familias.
Con este convenio, la Junta y Cruz Roja buscan consolidar y acelerar respuestas que ya se han puesto a prueba en inundaciones, cortes eléctricos e incendios, mejorando la logística, la coordinación tecnológica y la atención humana en los primeros días críticos de una emergencia.