El Gobierno de Castilla-La Mancha ha abonado 102 millones de euros a 23.600 explotaciones agrarias y ganaderas de la provincia de Ciudad Real en concepto de anticipo de la PAC (Política Agraria Común). El anuncio lo realizó la delegada de la Junta en la provincia, Blanca Fernández, durante la inauguración de las nuevas instalaciones de la cooperativa COOVIMAG en Bolaños de Calatrava.
El pago llega en plena discusión europea sobre el futuro de la PAC. Fernández alertó de que, según las propuestas que atribuye a la Comisión Europea, se plantea un recorte del 22% del primer pilar de la PAC, lo que en el caso de Ciudad Real se traduciría en 22 millones menos en el primer anticipo. Calificó ese ajuste como “una auténtica barbaridad” para una provincia con una economía fuertemente ligada al sector primario.
En paralelo, la delegada advirtió de la supresión del segundo pilar, clave para la modernización de explotaciones, la incorporación de jóvenes, la prevención de incendios forestales y el apoyo a cooperativas y bodegas.
102 millones de anticipo
El anticipo ya ingresado corresponde a la campaña en curso de la PAC y beneficia a explotaciones de regadío y secano, ganaderías y cooperativas de todo el territorio provincial. “Son recursos que entran de manera directa en la cadena de suministro del campo y sostienen la actividad hasta el pago del saldo”, subrayó Fernández.
La responsable autonómica en Ciudad Real insistió en el impacto que tendría un ajuste en el primer pilar. Con un descenso del 22% del anticipo, “estamos hablando de 22 millones que dejarían de llegar al bolsillo del agricultor y el ganadero de la provincia”, señaló, en alusión al tejido productivo y al empleo asociado en los pueblos.
Recorte del 22% en la PAC
Según expuso la delegada, las decisiones que se debaten en la Comisión Europea, impulsadas por su presidenta, Ursula von der Leyen, y el comisario de Agricultura, Christophe Hansen, “ponen en riesgo buena parte del primer pilar”. Fernández enmarcó su rechazo en la dependencia que Ciudad Real mantiene del sector agroalimentario, con campañas agrícolas que marcan la renta de miles de familias y la actividad de cooperativas y bodegas.
La Junta de Castilla-La Mancha defiende mantener el armazón financiero de la PAC por su papel en la estabilidad de ingresos, la profesionalización del campo y el cumplimiento de estándares de trazabilidad y manejo sostenible. “No lo podemos consentir”, resumió la delegada, al adelantar que el Ejecutivo regional “seguirá levantando la voz” en defensa de los perceptores.
Segundo pilar en riesgo
La posible eliminación del segundo pilar afectaría, según Fernández, a programas de inversión en modernización de explotaciones (riego localizado, maquinaria eficiente, mejora de instalaciones), a la entrada de relevo joven y a líneas de prevención de incendios forestales, especialmente en actuaciones de gestión preventiva.
La delegada recordó que, en las últimas convocatorias, la Junta ha concedido 23 millones en VINATI y Focal en la provincia para cerca de 50 proyectos tractores, con una inversión total de 70 millones. “Con la propuesta de la Comisión, prácticamente desaparecerían”, advirtió, en referencia también a ayudas a cooperativas y bodegas que apalancan valor añadido y estabilidad de precios en la campaña.
COOVIMAG, músculo cooperativo
El anuncio se realizó en la apertura de las nuevas instalaciones de COOVIMAG, acto al que asistieron también el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, y la delegada provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Amparo Bremard. La cooperativa, con 1.300 socios y una facturación anual de 12 millones de euros, ejemplifica, en palabras de Fernández, “la potencia del cooperativismo” en Castilla-La Mancha.
“El campo está muy vivo; la agricultura es presente y tiene futuro”, apuntó la delegada, que destacó el papel de las cooperativas en la comercialización, la profesionalización del manejo integrado de plagas y la mejora de rendimientos, además de su función vertebradora en el medio rural.
Plan de relevo generacional
Fernández anunció el desarrollo de un plan estratégico de relevo generacional específico para el sector cooperativo. El objetivo es asegurar el futuro de estas entidades en un contexto demográfico adverso: el 68% de los socios tienen más de 65 años y solo el 9% son jóvenes, según los datos que aportó.
El plan aspira a facilitar la incorporación de jóvenes agricultores, impulsar la formación y el liderazgo cooperativo, y priorizar inversiones que modernicen procesos, desde la bodega a la almazara, con apoyo a la digitalización y a la eficiencia energética.
Llamamiento a la unidad
La delegada pidió unidad de acción al sector cooperativo, a las organizaciones agrarias y a los partidos políticos ante el debate europeo. Reclamó, en particular, la implicación del Partido Popular, “al estar al frente de los organismos europeos”, para blindar el andamiaje financiero de la PAC en el próximo marco.
“Es el momento de defender al campo”, dijo Fernández, que insistió en que los pagos de la PAC sostienen la rentabilidad de las explotaciones, ordenan la inversión y aportan estabilidad a la campaña, desde la finca a la cooperativa.