El Gobierno de Castilla-La Mancha ha expresado sus condolencias por el accidente ocurrido ayer en una planta de tratamiento de residuos biosanitarios de Socuéllamos, en el que murió una trabajadora y resultaron heridos dos empleados. La delegada de la Junta en Ciudad Real, Blanca Fernández, confirmó que la instalación había sido inspeccionada en varias ocasiones y que tenía abierto un expediente sancionador por infracción grave.
Una trabajadora fallecida y dos heridos graves, rechazo previo de la Administración regional a la ampliación de actividad y causas bajo investigación de la Policía Judicial conforman, por ahora, el cuadro del suceso. La licencia de apertura, recordó Fernández, es competencia municipal.
Planta bajo expediente sancionador
Fernández explicó que la actividad de la planta «no contaba con los parabienes del Gobierno de Castilla-La Mancha». Los servicios inspectores habían dejado constancia de deficiencias en actas y tramitaban un expediente por una infracción calificada de grave.
La delegada añadió que los responsables de la instalación comunicaron su intención de aumentar el volumen de residuos a tratar y de prolongar el periodo de funcionamiento, al tratarse de un proyecto de investigación. La Junta denegó las solicitudes de ampliación de volumen y de plazo por entender que la investigación «ya estaba completada» desde el punto de vista técnico y porque debían aplicarse medidas complementarias derivadas de las deficiencias detectadas.
Según trasladó, esas medidas estaban identificadas en la documentación de inspección y vinculadas al expediente sancionador en curso. La actividad no contaba con los parabienes del Gobierno de Castilla-La Mancha, reiteró.
Investigación y posibles negligencias
Las causas del siniestro todavía no se conocen. «Le corresponde a la Policía Judicial investigar y establecer cuáles han sido las causas», dijo Fernández, que apuntó la necesidad de determinar si hubo «algún tipo de negligencia o de producto que no debía estar allí».
La apertura y el control municipal de la actividad, advirtió, se encuadran en la competencia del Ayuntamiento. La Junta, por su parte, mantendrá la colaboración con las diligencias en marcha y con la autoridad judicial en cuanto se le requiera.
En este contexto, la representante del Ejecutivo autonómico insistió en que la Administración regional había ejercido su labor de inspección previamente y había fijado condiciones y límites a la actividad comunicada por la planta, con la consiguiente negativa a ampliaciones no autorizadas.
Condolencias y estado de los trabajadores
Fernández envió un mensaje público a las familias afectadas. «Quiero acordarme de ella y de su familia porque tienen que estar rotos de dolor», señaló en alusión a la víctima mortal. Sobre los otros dos trabajadores, afirmó: «A las familias de los dos heridos que están graves, les deseo lo mejor y que se puedan recuperar. Ojalá sea posible».
La Delegación de la Junta no ofreció más detalles sobre la evolución clínica de los heridos ni sobre el momento concreto de los hechos. El suceso se produjo ayer lunes en la planta de residuos biosanitarios de Socuéllamos, que operaba en el marco de un proyecto de investigación y estaba bajo seguimiento administrativo por parte del Gobierno regional.
La investigación oficial determinará las responsabilidades y el encaje administrativo de lo ocurrido. Hasta entonces, la Junta remite a las diligencias policiales y judiciales y subraya que el expediente sancionador previo y las inspecciones realizadas forman parte del historial reciente de la instalación.