El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha anulado el acuerdo del Pleno de Ciudad Real del 27 de mayo de 2021 que cambió la denominación de varias calles de la ciudad. Tras conocerse el fallo, el equipo de Gobierno municipal anunció que acatará la resolución y que actuará guiado por criterios técnicos y jurídicos. El portavoz, Guillermo Arroyo, pidió al PSOE que respete las decisiones judiciales y defendió que la prioridad será el interés general y la protección de las arcas municipales.
La sentencia entra en el fondo del asunto y no se limita a un defecto de forma, como ocurrió en primera instancia. Según explicó Arroyo, el tribunal considera que se aplicó de manera incorrecta la Ley de Memoria Histórica, apoyándose en jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo. El Ayuntamiento ha remitido ya el fallo a los servicios jurídicos para que emitan los informes oportunos y definan los siguientes pasos.
Fallo y fundamentos
El TSJCLM invalida el acuerdo plenario que modificó varios nombres de calles, al entender que la normativa estatal sobre memoria histórica no se aplicó de forma adecuada en el procedimiento seguido en 2021. El criterio del tribunal se alinea con argumentos asentados por el Tribunal Supremo, extremo subrayado por el portavoz municipal.
Desde el Gobierno local se insiste en que la resolución judicial es clara y que, a partir de ahora, cualquier actuación municipal se ajustará estrictamente a lo que marquen los informes de los servicios jurídicos. «Quienes interpretan las leyes no son los partidos políticos, sino los tribunales», señaló Arroyo, en una defensa del acatamiento de las resoluciones.
El equipo de Gobierno enmarca su posición en la obligación de velar por la legalidad y por el uso eficiente de recursos públicos. «Actuaremos con rigor, defendiendo los intereses generales», afirmó el portavoz, que abogó por evitar nuevas cargas para el Ayuntamiento y para los vecinos derivadas de una aplicación inadecuada de la ley.
Respuesta política
Arroyo lamentó las declaraciones del PSOE y del subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, tras conocerse la sentencia. Considera «sorprendente» que se cuestione el fallo «por no ajustarse» a los intereses del partido y reprochó «un profundo desconocimiento» del contenido de la resolución, hasta el punto de que, aseguró, solicitaron una copia al propio Ayuntamiento.
El portavoz municipal recalcó que el Ayuntamiento se mantendrá al margen de lecturas partidistas. «Las administraciones estamos obligadas a respetar y acatar las resoluciones», zanjó, reivindicando una gestión «alejada de cualquier planteamiento sectario».
La posición del Gobierno local se centra, según dijo, en aplicar la sentencia con seguridad jurídica y previsión para reducir al mínimo los efectos prácticos del cambio de criterio judicial sobre el callejero.
Cómo se aplicará el fallo
La sentencia ya está en manos de los servicios jurídicos municipales, que deberán determinar el itinerario administrativo para su ejecución. Entre los escenarios contemplados figura la recuperación de las denominaciones anteriores de las vías afectadas, tal y como se desprende del fallo y recordó el portavoz.
El Ayuntamiento trabaja en protocolos para que, llegado el caso, el retorno a los nombres previos se realice con la mayor seguridad jurídica posible y con atención a las situaciones particulares que puedan plantearse. La intención, subrayó Arroyo, es «minimizar las consecuencias» para los vecinos potencialmente afectados por la restitución de las denominaciones.
En paralelo, el equipo de Gobierno incide en que cualquier decisión futura sobre el callejero se abordará con informes técnicos y dentro del marco legal vigente. El compromiso es ejecutar la resolución judicial y salvaguardar el interés general y los recursos municipales, evitando nuevas controversias jurídicas.