El Ayuntamiento de Ciudad Real ha devuelto a la Junta de Comunidades la subvención del Plan Corresponsables correspondiente a 2023, ha ejecutado el reintegro de casi 250.000 euros, y anuncia que batallará la decisión por la vía judicial. La concejal de Igualdad, María José Escobedo, califica la exigencia del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha de “arbitraria” y sostiene que la Administración regional “pretende lucrarse a costa de las familias de Ciudad Real”.
La dirección municipal defiende que los servicios financiados con cargo a las anualidades de 2022 y 2023 se prestaron con normalidad y que los objetivos se cumplieron, por lo que considera injustificada la devolución. “El servicio se prestó y las familias fueron atendidas”, afirmó Escobedo, que acusa a la Junta de modificar su propio criterio sin base suficiente.
Reintegro del Plan 2023
Según informó el Consistorio, el primer pago de reembolso corresponde a la anualidad de 2023 e incluye más los intereses de demora, de acuerdo con el requerimiento formal del Instituto de la Mujer. La Junta no atendió las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento contra la devolución de las cuantías de 2022 y 2023 y remitió una resolución que mantiene la obligación de reintegrar los fondos.
El equipo de Gobierno municipal sostiene que la exigencia de reembolso no se apoya en incumplimientos materiales, sino en una interpretación administrativa con la que discrepa. En su versión, no hay irregularidades en la ejecución del plan y la medida penaliza a las familias usuarias de los servicios.
El expediente de 2022, reabierto
Escobedo recuerda que en 2024 la propia Administración regional emitió la liquidación final del ejercicio de 2022 con un informe favorable que daba por cerrado el procedimiento. A su juicio, ese cierre constituía un acto administrativo firme, por lo que cuestiona que ahora, “más de dos años después”, se reabra el expediente con lo que considera “una errónea interpretación administrativa”.
La concejal incide en que no hubo desviaciones respecto a los fines del programa en ese periodo y recalca que el Ayuntamiento cumplió con los trámites y justificaciones exigidos. El cambio de criterio, añade, carece de motivación suficiente y genera inseguridad en la gestión de las políticas de conciliación.
Acciones legales y prioridad social
Ante este escenario, el Ayuntamiento interpondrá recursos por vía legal contra las reclamaciones de la Junta. Escobedo enmarca la respuesta municipal en la defensa de los intereses de la ciudadanía: “La prioridad es atender a las familias”, señala, en alusión al impacto que tendría retirar recursos a estos servicios.
El Consistorio denuncia que la decisión regional puede traducirse en menor cobertura para usuarios del plan en la capital. Aunque no facilita detalles sobre el calendario judicial, asegura que activará “todas las medidas necesarias” para revertir el reintegro exigido.
Dimensión política del choque
La edil atribuye el giro de la Junta a un cambio de criterio político tras la llegada del Partido Popular al Gobierno municipal. En su opinión, con la reapertura de expedientes y la exigencia de devolución, la Administración regional vulnera “principios fundamentales del ordenamiento jurídico”.
La Junta no ha atendido, por ahora, las objeciones del Ayuntamiento ni ha modificado su requerimiento de reembolso. El pulso se traslada a los tribunales mientras el Consistorio insiste en que los servicios vinculados a las anualidades cuestionadas se prestaron y cumplieron los objetivos previstos.