Un fallo judicial ha avalado las sanciones del Ayuntamiento de Ciudad Real por no recoger excrementos caninos en la vía pública. La resolución llega en plena intensificación de la vigilancia y las acciones de concienciación y respalda el modo en que el Consistorio aplica su ordenanza de limpieza.
La resolución desestima íntegramente el recurso presentado en un contencioso-administrativo por una ciudadana multada y confirma que el expediente se tramitó conforme a derecho, sin vulneración de garantías. La infracción está tipificada en el artículo 23.1 de la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana y Gestión de Residuos, cuya aplicación el juzgado considera ajustada a la normativa vigente.
Fallo que blinda las multas
El Ayuntamiento interpreta la sentencia como un impulso a su estrategia para atajar conductas incívicas que afectan al mantenimiento de las calles. “Es un aval claro a la firmeza con la que se está trabajando”, subraya el área de Servicios a la ciudad.
El concejal responsable, Gregorio Oraá, destaca que el pronunciamiento judicial refrenda el proceder municipal: “El juzgado nos da la razón”. Según el edil, el veredicto confirma que la vigilancia y la sanción, cuando procede, son “necesarias y legítimas” para garantizar espacios más limpios y seguros.
El alcance del fallo no modifica la ordenanza, pero sí refuerza su ejecución: acredita la corrección del proceso sancionador, la valoración de los hechos y la competencia municipal para exigir el cumplimiento de la norma.
Más denuncias y control
La ofensiva municipal no es solo declarativa. En los dos últimos años se ha registrado un aumento notable de los procedimientos por incumplimientos relacionados con la recogida de excrementos. En 2024 y 2025 se tramitaron 55 denuncias, frente a 11 en el periodo 2021-2023, un salto que el Ayuntamiento vincula a una vigilancia más intensa y a una respuesta administrativa más ágil.
El Consistorio califica esta evolución como un “máximo histórico” en la tramitación de expedientes por esta materia. La tendencia se apoya en dispositivos de control más frecuentes y en la actuación de la Policía Local, que, según la versión municipal, está siendo “más estricta” con estas conductas.
El refuerzo inspectivo tiene como objetivo reducir la reincidencia y mejorar el estado del espacio público, un apartado que las áreas de limpieza sitúan entre sus prioridades. El artículo 23.1 de la ordenanza tipifica la omisión de la recogida como infracción, lo que permite activar el procedimiento sancionador cuando se constata el incumplimiento.
Concienciación y cumplimiento
El Ayuntamiento subraya que la sanción no es el único eje de su política. Las campañas de concienciación continúan con mensajes sobre convivencia y cuidado del entorno urbano. “Recoger los excrementos es un gesto sencillo que mejora la vida de todos”, resume Oraá, que insiste en combinar pedagogía y control.
La Administración local agradece la labor de la Policía Local y del Servicio de Limpieza por su trabajo diario en la vigilancia y la aplicación de la normativa. Esta coordinación es, según el Consistorio, determinante para sostener el esfuerzo de inspección en calles y parques.
La campaña seguirá activa todo el año, con actuaciones permanentes de seguimiento y refuerzo puntual en los puntos de mayor incidencia. La expectativa municipal es reducir la presencia de excrementos en la vía pública y consolidar el cumplimiento de la norma con el doble enfoque de educación y sanción cuando sea necesario.