El Gobierno de Castilla-La Mancha ha arremetido contra el nuevo trasvase aprobado por la Comisión de Explotación, que autoriza 180 hectómetros cúbicos en tres meses desde los embalses de Entrepeñas y Buendía. La Junta sostiene que la decisión «dilapida el 11% del agua embalsada» en la cabecera y advierte de que, con las reglas vigentes, podría repetirse el mismo esquema durante los próximos meses.
La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, denunció que la aplicación automática de los umbrales actuales permite trasvases de 60 hm³ mensuales pese a la escasez. «El agua es un recurso limitado en todos los territorios y no vamos a admitir que se vacíen reservas que costó años recuperar», afirmó tras conocerse la autorización.
El Ejecutivo autonómico liga la decisión a un perjuicio directo para inversiones y desarrollos en la región y prepara medidas ante los tribunales. «Nos reafirmamos en la necesidad de una demanda judicial por el presunto incumplimiento del Real Decreto de la Planificación Hidrológica del Tajo (2023)«, adelantó Gómez.
Un trasvase de 180 hm³
La autorización contempla el envío de 180 hm³ repartidos en los próximos tres meses. Según la Junta, la cifra se apoya en las reglas de explotación actuales, con las que el Gobierno regional discrepa, porque permiten que los embalses de cabecera pierdan reservas acumuladas en un contexto de incertidumbre hídrica.
El Ejecutivo autonómico advierte de que, si se mantiene la coyuntura, la Comisión de Explotación podría seguir avalando remesas de 60 hm³ al mes hasta el cierre del año hidrológico. «Se están perdiendo oportunidades para cambiar unas normas que no responden a la realidad del recurso», criticó la consejera.
Impacto en Entrepeñas y Buendía
Castilla-La Mancha cifra en «dilapida el 11% del agua embalsada» el efecto inmediato del trasvase sobre Entrepeñas y Buendía. A su juicio, el drenaje acelerado de la cabecera del sistema compromete el alivio ganado tras las últimas aportaciones y agrava la fragilidad de la planificación regional, desde el abastecimiento hasta el riego.
Gómez subrayó que los informes desfavorables de disponibilidad hídrica acaban penalizando decisiones empresariales y proyectos. «Cuando los indicadores empeoran, la inversión se retrae y el desarrollo territorial sufre», sostuvo.
Capacidad y necesidad en destino
La Junta recuerda que siguen pendientes de ejecutar más de 135 hm³ pendientes de trasvasar y pone en duda que puedan movilizarse con garantías. «Con la situación actual no hay capacidad técnica ni sostenible para llevar esos recursos al Levante y a Murcia», señaló Gómez, que añadió que ambos territorios «no necesitan ahora esos volúmenes al no disponer de almacenamiento suficiente».
En ese marco, el Ejecutivo regional cuestiona que el Gobierno central avale nuevos envíos sin introducir salvaguardas. «No entendemos cómo se permite esta situación sin medidas de sostenibilidad», señaló la consejera, quien además apuntó que el Partido Popular «está encantado» con el marco vigente.
Exigencia de cambiar las reglas
Castilla-La Mancha exige reabrir de inmediato el debate sobre las reglas de explotación del trasvase para priorizar la seguridad hídrica en origen. La Junta insiste en que el marco aprobado en 2023 para la Planificación Hidrológica del Tajo debe cumplirse de forma estricta y que el actual patrón de autorizaciones lo vulnera.
«No estamos conformes», resumió Gómez. El Gobierno autonómico se reserva acciones legales y pide revisar criterios que, a su entender, permiten agotar las reservas de la cabecera mientras persisten dudas sobre la disponibilidad real en destino. En el centro de la disputa late una premisa que la Junta repite: “el agua es un recurso escaso” y su gestión debe ajustarse a ese límite.