Castilla-La Mancha exhibe los resultados de sus políticas de desarrollo rural como argumento para blindar el segundo pilar de la PAC a partir de 2028. La viceconsejera de la Política Agraria Común y Política Agroambiental, Gracia Canales, abrió en la sede del IRIAF en Tomelloso una jornada de balance del período 2014–2022 y advirtió de un escenario de recortes y normas más cerradas en la negociación europea.
El Ejecutivo autonómico se prepara para una negociación «dura» de la próxima reforma de la PAC. Señala que la propuesta en discusión en Bruselas recorta fondos hasta el punto de asegurar solo el primer pilar (pagos directos), y subraya la necesidad de preservar el componente de desarrollo rural financiado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
Recorte y reglas más cerradas
La Consejería de Agricultura expresa «profunda preocupación» por el diseño de la próxima PAC, tanto por la merma presupuestaria como por la orientación de los reglamentos, que esta vez «llegarán muy desarrollados y definidos». Ese encaje normativo, advierte, puede limitar el margen de los Estados y regiones para adaptar medidas a su realidad agraria.
En este contexto, la jornada celebrada en Tomelloso busca extraer lecciones de la aplicación de los fondos 2014–2022 y convertirlas en propuestas útiles para la negociación. «Hay esperanza, por eso tenemos que argumentar muy bien lo que suponen estos fondos», remarcó Canales, con foco en el impacto del FEADER en la modernización de explotaciones, la diversificación económica en el medio rural y la fijación de población.
La viceconsejera aseguró que el Gobierno regional intentará que el impacto de los recortes sea «el menor posible» y que, desde la Consejería y sus órganos gestores, se dará la batalla «por tierra, mar y aire». En la apertura también participó el director del IRIAF, José Luis Tenorio.
Qué ha funcionado en 2014–2022
El balance autonómico atribuye a los programas de desarrollo rural una contribución decisiva para mantener «vivos» los pueblos, con proyectos que han apoyado a la industria agroalimentaria, la agricultura ecológica, el emprendimiento local y la innovación en explotaciones. La Administración regional agradece el trabajo de equipos técnicos y entidades privadas que han ejecutado estas iniciativas sobre el terreno.
Uno de los pilares citados como ejemplo son los 29 Grupos de Acción Local de Castilla-La Mancha, cuya gestión se considera referente por su grado de ejecución. El modelo LEADER, aseguran, ha permitido financiar pequeñas inversiones productivas y no productivas con efecto visible en servicios, empleo y cadenas de valor locales.
Ese despliegue se presenta como prueba de eficiencia para sostener el segundo pilar en la próxima PAC: proyectos ejecutados, absorción de fondos y resultados medibles que, a juicio del Gobierno regional, avalan la continuidad de instrumentos esenciales para la competitividad de explotaciones agrícolas y ganaderas y para la cohesión territorial.
Proyectos con nombre propio
La jornada pone el foco en experiencias concretas que ilustran el alcance de las ayudas. En la industria agroalimentaria, se expondrá el caso «Agróptimun», orientado a mejorar procesos y valor añadido. En agricultura ecológica, se citará la iniciativa «Vega del Cedrón SAT», representativa del crecimiento de superficies y mercados con certificación.
En el ámbito ganadero, el proyecto Smartbreed-CLM desarrolla herramientas digitales para una ganadería de rumiantes más sostenible y competitiva, con manejo de datos para mejorar productividad y bienestar animal. Y, en el capítulo de conocimiento, se destaca la creación de la Plataforma Sistema de Conocimiento e Innovación Agraria (SCIA), concebida para transferir tecnología y buenas prácticas a las explotaciones y a la industria.
Estos ejemplos se presentan como la «prueba de concepto» de que las líneas de desarrollo rural inciden en trazabilidad, eficiencia de recursos, digitalización, adaptación al clima y relevo generacional, áreas clave para el campo castellano‑manchego.
Presión y alianzas en la UE
Para sostener su posición, el Ejecutivo autonómico intensifica su actividad en foros europeos. Castilla-La Mancha participa en el Comité de las Regiones y la AREV y promueve un frente común con el sector, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y otras administraciones. El objetivo: trasladar una postura coordinada que preserve el equilibrio entre pagos directos y desarrollo rural.
La tarea inmediata consiste en ordenar evidencias y mensajes de cara a los trílogos y a la definición de los próximos reglamentos. El Gobierno regional pide a técnicos y agentes del territorio que aporten ajustes concretos, desde la simplificación administrativa hasta el diseño de convocatorias, para reforzar la eficacia de las medidas y su encaje normativo.
La convocatoria de Tomelloso se plantea así como un ejercicio práctico de evaluación y propuestas. Con los logros de 2014–2022 sobre la mesa, la Junta confía en que la experiencia acumulada pese en la negociación y sirva para mantener, a partir de 2028, un segundo pilar capaz de seguir transformando el medio rural en Castilla-La Mancha.
