El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde al contrato que combinará el transporte regular y el Transporte Sensible a la Demanda (TSD) en la Serranía Baja de Cuenca, con una inversión de 6,2 millones de euros en cuatro años. La medida, aprobada por el Consejo de Gobierno y detallada por el consejero de Fomento, Nacho Hernando, busca reforzar la movilidad en áreas rurales y facilitar el acceso a servicios básicos.
El nuevo esquema cubrirá 55 municipios y alrededor de 10.500 habitantes, con una duración inicial de 2 años y 9 meses, prorrogable hasta 16 meses. Incluirá a municipios afectados por la DANA como Mira, integrado en su Plan de Recuperación, y combinará rutas regulares con recorridos bajo demanda para adaptarse a zonas con menor densidad de población.
Nuevo contrato en la Serranía Baja
La contratación fija las condiciones para operar un sistema mixto que prioriza la accesibilidad a servicios sociales, educativos, administrativos y comerciales desde pequeños núcleos. El TSD, que se activa cuando hay peticiones previas, permite optimizar frecuencias y recorridos, especialmente donde la demanda es estacional o dispersa.
Fomento subraya que el objetivo es garantizar cobertura en áreas donde el autobús tradicional no resulta eficiente, sin renunciar a las líneas regulares allí donde el uso lo justifica. La inclusión de Mira refuerza la atención a los municipios que afrontan la recuperación tras episodios extremos.
Despliegue regional y próximas implantaciones
Castilla-La Mancha continúa la expansión de su red de TSD. Según el balance que trasladó Fomento, este modelo ya alcanza 167 municipios y 268 núcleos de población en la región. El departamento insiste en la necesidad de llegar también a pedanías y pequeños asentamientos, donde la movilidad condiciona el acceso a servicios y oportunidades.
Durante este año se prevén nuevas implantaciones en la zona de Letur —en el marco de su Plan de Recuperación— y en la Sierra del Segura (Albacete); en el área de Almadén (Ciudad Real); en el Señorío de Molina (Guadalajara); y en la comarca de La Jara (Toledo). Estas actuaciones se enmarcan en la misma estrategia: extender el transporte público a entornos de baja densidad con modelos flexibles y sostenibles.
Cátedra con la UCLM para optimizar el modelo
El Ejecutivo autonómico ha iniciado además una colaboración académica con la Universidad de Castilla-La Mancha mediante una cátedra específica que analizará las particularidades del TSD en el territorio. La iniciativa persigue afinar la planificación, ajustar recursos y evaluar resultados con datos.
El acuerdo supondrá una inversión de 40.000 euros anuales durante cuatro años. A partir de este trabajo se esperan propuestas técnicas que mejoren la eficiencia del servicio en áreas rurales, tanto en diseño de rutas como en digitalización de la demanda y coordinación con el transporte regular.
Convenio con Madrid: abono 2026-2029
El Consejo de Gobierno también ha avalado el convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid para renovar, en el periodo 2026-2029, el uso de los abonos del Consorcio Regional de Transportes madrileño en desplazamientos entre ambas autonomías. Este marco se suscribe de forma ininterrumpida desde 2001.
La medida beneficia a unos 105 municipios de Castilla-La Mancha. Fomento cifra en 35.000 usuarios los beneficiarios del descuento en el abono —28.500 jóvenes y otras 6.500 personas de otras franjas de edad—, con un uso intensivo: en 2024 se realizaron tres millones de viajes vinculados a este convenio. El próximo acuerdo podría implicar un desembolso cercano a los 40 millones de euros para mantener la interoperabilidad, con especial impacto en las áreas limítrofes de Guadalajara y Toledo.
La Junta considera este convenio una palanca clave para la movilidad diaria y el empleo transfronterizo, y asume su coste como instrumento de cohesión en los corredores que conectan con el área metropolitana de Madrid.
Alquiler para víctimas de violencia de género
Con motivo del 25 de noviembre, Fomento recordó que desde hace seis años se convocan ayudas de alquiler dirigidas a mujeres víctimas de violencia de género. La Junta financia estas convocatorias con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y, cuando resultan insuficientes, las complementa con recursos propios para asegurar cobertura total. “Que ninguna mujer que reúna los requisitos se quede sin ayuda” es el compromiso reiterado por el departamento.
La última convocatoria, lanzada en septiembre, asciende a 1.150.000 euros y se estima que permitirá apoyar a 1.260 mujeres y sus hijos. Desde 2019, el programa ha movilizado 6,4 millones de euros y ha alcanzado a más de 6.500 mujeres. Fomento llamó a mantener el consenso en torno al Pacto de Estado y a sostener una acción pública continuada y transversal durante todo el año.
Con estas decisiones, la Junta avanza en dos frentes: consolidar un mapa de transporte público adaptado a entornos rurales y reforzar las políticas de protección social, con foco en las víctimas de violencia de género y en la movilidad interregional que sostiene empleo y servicios.